La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, solicitó las renuncias del director jurídico, Jean Pierre Chiffelle, y del jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Luis Mayorga, por su responsabilidad en la objetada compra de la clínica Sierra Bella.
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Además, confirmó que se querellará contra los tasadores del caso Clínica Sierra Bella, y afirmó que el negociador Pablo Casanueva siguió adelante por su cuenta con la compra, sin mandato del municipio y a pesar de la instrucción de Contraloría de detener el proceso.
En un punto de prensa realizado en la sede del municipio, acompañada por vecinos, concejalas de su sector y diputadas de su Partido Comunista, Hassler insisitió en que no tiene responsabilidad y que no hay razones para pedir su destitución ante el Tricel.
En cuanto a los cuestionamientos a los valores involucrados que hizo Contraloría, la alcaldesa expresó que "en eso queremos ser bien claros, el procedimiento que norma la compra de inmuebles está determinado por el proceso de tasaciones".
"El municipio de Santiago contrató no una, no dos, sino tres tasaciones de personas expertas que ponen su currículum, que ponen su trabajo en este proceso y que hoy día han sido cuestionadas por la Contraloría", dijo.
"Ante eso tenemos que ser muy claros, son ellos quienes tienen que hacerse responsables del trabajo que prestaron y que el municipio pagó, es decir, son ellos quienes tienen que dar las explicaciones frente a la justicia", enfatizó.
Por lo mismo, anunció que "es por eso que hemos decidido emprender acciones legales contra los tasadores, porque nos parece fundamental que puedan responder en los organismos que corresponden".
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"Aquí el municipio de Santiago contrató a tres personas profesionales, expertos tasadores para que pudieran entregar su trabajo y ese trabajo fue cuestionado por parte de la Contraloría y requiere por tanto de las acciones legales para llevar adelante este proceso", agregó
"Es decir, vamos a presentar querellas contra los tres tasadores a propósito de las observaciones que ha hecho la Contraloría", señaló la jefa comunal.
Negociador Casanueva
En cuanto a las acciones de Casanueva, señaló que "la instrucción que di como alcaldesa fue acatar completamente el pronunciamiento de Contraloría de abstenerse de continuar con el proceso de compra hasta contar con un pronunciamiento, que hemos tenido el día de ayer".
"Enviamos un oficio al notario público en ese sentido, lo mismo al conservador de bienes raíces, como también a la Corte de Apelaciones de Santiago, asimismo instruimos bajo memorandum a las distintas direcciones municipales", recordó.
Luego, recalcó que "sobre las actuaciones de esta persona, quiero ser muy enfática: eso no fue con conocimiento del municipio, no es por orientación o vinculación con el municipio, esa persona representaba únicamente a la parte vendedora y no es algo que haya generado el municipio de Santiago".
"No tenía ningún mandato del municipio, sino que es una persona que actuó a mutuo propio, nosotros ya habíamos oficiado al conservador de bienes raíces, señalándole que el municipio no quería que se concretara ningún proceso de compra hasta tener justamente la resolución de Contraloría", agregó.
Renuncias y eventual destitución
La alcaldesa también dijo que "si la Contraloría considera que hay acciones adicionales que se podrían haber hecho por parte del municipio, eso requiere que esa responsabilidad sea asumida administrativamente, así como también he decidido tomar acciones en torno a las responsabilidades políticas".
En ese sentido, anunció este viernes que pidió la renuncia del director jurídico, Jean Pierre Chiffelle, y del jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Luis Mayorga.
"Tomamos diversas acciones directamente para frenar cualquier proceso de compra, en la práctica es evidente que se frenó ese proceso hasta la espera de la resolución de Contraloría y si hay alguna acción adicional que se pudiera haber hecho, esas responsabilidades tienen que estar justamente sobre la mesa y es eso lo que he instruido", señaló.
En cuanto al supuesto notable abandono de deberes que acusa la oposición y eventual solicitud de destitución al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Hassler respondió que "no hay ningún fundamento para aquello".
"Lamentamos el oportunismo político de la derecha no solo en este, sino que en distintos momentos de nuestra administración, no nos sorprende esa actitud, lo que sí es es lamentable y evidente es que no les importa la salud de las personas", concluyó.
